Por el rescate de lo común
Nueva política
Introducción
El pasado 21 de noviembre se llevaron a cabo las denominadas megaelecciones, que salvo a algunas lamentables excepciones, se desarrollaron con tranquilidad, y donde la abstención, como postura política, tuvo un peso importante en la definición de la jornada y sus resultados. Un evento que concluyó con aspectos favorables para el gobierno en su búsqueda de recobrar legitimidad quedó cuestionado por las arbitrariedades e irregularidades evidenciadas entorno a la elección para la gobernación de Barinas, las cuales se reeditaron el pasado 9 de enero de 2022, y por la más reciente medida del Consejo Nacional Electoral (CNE) que hace prácticamente inviable la convocatoria de Referéndum Revocatorio.
Las elecciones en su conjunto expresan mucho más que los resultados respecto a los cargos o la visión catastrófica de la “derrota y hundimiento de la oposición”. Más de una década sin instituciones de veeduría internacional, un nuevo CNE con mayor participación de autoridades opositoras, la habilitación de tarjetas electorales suspendidas, entre otras medidas positivas, que sumado a un contexto de vulneración de derechos humanos en el que no existe estado de derecho ni independencia judicial, fueron ingredientes políticos para un evento electoral de múltiples lecturas y que aún está desembocando en diversos impactos que anuncian un cambio de situación política en el país y abre debates importantes para las oposiciones venezolanas y la sociedad en su conjunto.
Por ello, esta editorial de Nueva Política la dedicamos al análisis global de las denominadas megaelecciones y los futuros escenarios electorales, abordando una serie de puntos que consideramos claves para el debate político nacional:
- Una derrota electoral que abre oportunidades políticas
- La División y la abstención
- Barinas: Un golpe político fuerte para el PSUV
- Despolaricemos el debate: “Revocatorio o Presidenciales”
- Es tiempo del diálogo estratégico
Una derrota electoral que abre oportunidades políticas
Al ver los resultados generales de las elecciones es innegable que el gobierno-PSUV ganó la contienda. Desde el punto de vista de cargos disputados, el PSUV obtiene una clara y amplia victoria, con la mayoría de cargos en gobernaciones y alcaldías, 19 y 212 respectivamente, y este partido se expresa como la principal fuerza política en el país y maquinaria estructurada. A pesar de ello, los resultados numéricos arrojan datos más relevantes.
Como se puede observar en la tabla 1, la cantidad total de votos nacionales de los sectores opositores supera la votación global del oficialismo agrupados en el PSUV-GPP, cuestión que no ocurría desde las elecciones legislativas de 2015, y que no es menor al tomar en cuenta las múltiples condiciones adversas para la participación ciudadana. Estos datos han generado un revuelo en la opinión pública e interpela directamente a las dirigencias políticas, tanto oficialistas como opositoras. Un aspecto transversal a la propaganda comunicacional de la dirigencia socialista es que se insiste en que el chavismo está unido, es homogéneo y es mayoría social en el país, afirmaciones que se develan como falsas con los números nacionales y la situación de disputas internas que se evidenciaron en Barinas. Por otro lado, la dirigencia opositora convencional carece de argumentos sólidos y coherentes para explicar ¿cómo los sectores opositores superan nacionalmente al oficialismo en unas elecciones catalogadas de farsa y completamente controladas? y peor aún, ¿cómo con dichos resultados nacionales, el chavismo gana la mayoría de gobernaciones y alcaldías?
Sin lugar a dudas el partido-estado diseñó milimétricamente un escenario político conveniente para ganar la mayoría de los cargos siendo minoría, y así ganar un tiempo político considerable al no avizorarse escenarios electorales en los próximos meses. Sin embargo, el escenario a mediano plazo no pinta muy cómodo para el gobierno y le urge atender temas de fondo.
En estas elecciones oficialmente el chavismo alcanza su base político-electoral más baja, y es que este viene presentando una tendencia decreciente de votos nacionales, sobretodo desde 2017 (Ver gráfico 1). A esto se suma el hecho de un cambio brusco en el comportamiento electoral respecto a los últimos 20 años: en las megaelecciones de 2021 la tolda socialista gana en las capitales pero pierde en zonas rurales y urbanas secundarias. En la disputa de los 24 cargos más relevantes (gobernaciones + dtto capital) solo gana 3 cargos con comodidad: Carabobo, Delta Amacuro y Distrito Capital.
El PSUV se debilitó en los llanos venezolanos, pierde Cojedes y Barinas, y obtiene resultados muy ajustados en Apure y Guárico. La agudización progresiva de la emergencia humanitaria compleja, la política de desidia institucional hacia sectores vulnerables y el estado de abandono en regiones del país, que en muchos casos ha venido acompañado de pérdida de soberanía, han sido condiciones sociales que han catalizado este abrupto cambio político.
La división y la abstención
Si los votos nacionales no corresponden mínimamente con la designación/repartición de cargos, la estrategia política debe tener fallas importantes. Además, de que un sector de la dirigencia del denominado G4 tuvo una postura abstencionista o de desconocimiento a las elecciones, diversos análisis apuntan a una misma conclusión que evidencia la crisis de liderazgos en las oposiciones venezolanas: de haber existido una política de alianzas adecuada, pertinente y consensuada los sectores democráticos podrían haber conseguido con cierta facilidad más de 10 gobernaciones a nivel nacional.
Entre la necesidad de encontrar explicaciones y de canalizar sensaciones de molestia o decepción, han aparecido dos temas comunes: la división y la abstención. Ciertamente para los sectores que apostamos a una transformación social y democrática en el país, estos son puntos neurálgicos del análisis, pero hay que analizarlos en su justa dimensión y sin permearlos de elementos catárticos. Entender que tanto la abstención como la vociferada división son consecuencias y reflejos de problemas políticos más estructurales que yacen en la enorme heterogeneidad de lo que denominamos como “las oposiciones”.
La situación de inestabilidad e inseguridad integral que acontece en el país influye directamente en el incremento de la abstención. Además, de las más de 5 millones de personas que han migrado fuera de Venezuela (más del 20% de la población), la situación de emergencia humanitaria compleja y el colapso/privatización de los servicios públicos plantean un escenario objetivamente cuesta arriba para el ejercicio de los derechos políticos. Este contexto socioeconómico a su vez ha resultado en una profundización del rechazo, decepción y desánimo hacia el chavismo oficial y su política, aumentando así el margen de población que de alguna u otra forma se opone al gobierno. Consciente de ello, la élite oficialista en una actitud pasivo-agresiva, se autoproclama como el sector más democrático que aspira a la “paz y bienestar de la patria” a través de muchas elecciones, pero que en la práctica apuesta a escenarios controlados y represivos que dilaten procesos y generen desgaste social. Las maniobras institucionales que violentan derechos políticos y transgreden los principios básicos de la democracia y el Estado de derecho contemplado en la constitución, genera desánimo y apatía social, y por tanto motiva la abstención. En pocas palabras, al gobierno le conviene una población desanimada, apática y desmovilizada que se desprenda de toda actividad política de participación ciudadana.
En contraparte, la crisis de liderazgos en la dirigencia opositora es otro factor de peso que motiva la abstención. La ausencia de candidaturas esperanzadoras o mínimamente aceptables en sus propuestas, sumado a la incongruencia de un discurso opositor que durante años desconoció las elecciones como escenario político y de un momento a otro (sin una reflexión seria y coherente) llama a participar en las elecciones, es cuando menos decepcionante. Hoy la abstención se debe entender como una decisión política consciente y no espontánea de rechazo hacia la política y las prácticas de las dirigencias tradicionales convencionales. Un rechazo a la no renovación de las tácticas y estrategias aplicadas en las últimas décadas, y al reciclaje de viejas políticas con nuevo rostro.
Escenario que hoy debería preocupar a los dirigentes políticos opositores, ya que este sector es el más perjudicado por la abstención. En la actualidad, al aumentar la participación ciudadana mejoran sus números, siendo el Zulia el ejemplo más claro de ello.
Pero lo más relevante es que aunque la abstención predominó en el escenario electoral, aún así los números no favorecen completamente al oficialismo. La crisis de la dirigencia opositora no solo pasa por una necesaria y profunda renovación de liderazgos, si no que la mayoría de las organizaciones y partidos expresan una profunda inmadurez política para abordar las coyunturas electorales y sociales con seriedad. Evidencian una ausencia de estrategias para la construcción de alianzas y una incapacidad generalizada para realizar evaluaciones de acciones realizadas y rectificación ante orientaciones improductivas.
Para el abordaje de las elecciones ha prevalecido el interés partidista o individual por encima de la articulación. Se discuten proyectos personales, ante la falta de proyectos de país, y el debate político (como la reflexión de lo público y lo común) se ha convertido en una discusión pragmática de cuál cuota o espacio le toca a cada uno. La confianza, las emociones y las expectativas sociales concretas son elementos transversales a la política, y si estas no se atienden de forma correcta, respetuosa y transparente, el resultado inevitable será la apatía y la indiferencia.
BARINAS: un golpe político fuerte para el PSUV
El pasado 29 de noviembre, apenas 1 semana de las megaelecciones, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconoce los resultados en Barinas, que dieron como ganador (por una pequeña diferencia) al candidato a la gobernación Freddy Superlano, emitiendo una resolución que inicialmente parecía “favorecer” a algún sector oficialista pero que terminó perjudicando la imagen pública de toda la dirigencia socialista. Asumiendo competencias que son propias del CNE y desconociendo la voluntad popular del pueblo de Barinas, el TSJ decreta la reedición de las elecciones en Barinas para el 9 de enero de 2022 bajo el argumento de inhabilitación política contra Superlano, medida que formalmente desconoció el indulto presidencial de agosto de 2020.
La dirigencia oficialista centró el 2021 en las mesas de negociación y la realización de las elecciones con el claro objetivo de ganar legitimidad y reconocimiento institucional (nacional e internacional). Los resultados electorales del 21-N, favorecieron claramente al gobierno desde el punto de vista de cargos alcanzados y representaba una oportunidad para plantear toda una campaña oficial de “victoria” electoral que contó con veeduría internacional, pero “Barinas” alteró todo el panorama político. Las nuevas elecciones se convirtieron rápidamente en un suceso regional con alto impacto nacional, relegando a un segundo plano los impactos de las elecciones del 21-N y captando toda la atención de la opinión pública durante casi 1 mes. Todos los actores políticos, nuevos y convencionales, así como organizaciones sociales centraron sus energías en Barinas.
Los resultados del 9 de Enero (Ver tabla 2) son claros. El candidato opositor Sergio Garrido obtuvo una victoria con un amplio margen de ventaja sobre el candidato psuvista Jorge Arreaza, ratificando así que la ínfima diferencia entre Freddy Superlano (MUD) y Argenis Chávez (PSUV-GPP) fue causado principalmente por la falta de acuerdo unitario entre sectores opositores, que una posible polarización político-social de los/las Barineses.
Además no se puede dejar de lado que se da el resultado menos esperado y atípico respecto a lo que viene ocurriendo en el país desde que en 2016 se suspendiera de forma inconstitucional e ilegal la convocatoria al Referéndum Revocatorio. A pesar de las múltiples arbitrariedades que caracterizaron el proceso (inhabilitaciones políticas express, uso exacerbado de recursos públicos, hostigamiento y persecución contra la oposición y disidencia), el candidato opositor gana con amplia ventaja, el candidato del PSUV reconoce la derrota sin mayores inconvenientes (horas antes del anuncio oficial) y ninguna institución intervino para alterar los resultados. Sin duda, que esto abre muchas interrogantes y debates respecto al nuevo escenario político que se viene configurando en Venezuela.
Algo clave para los sectores opositores (sociales y políticos), es no caer en triunfalismo ni asumir que es cuestión de tiempo la “salida” de la élite gobernante. La dirigencia socialista aún gobierna el país, controla prácticamente todos los poderes públicos, mantiene unificado al alto mando militar y maneja una enorme cantidad de recursos. Sin embargo, esto no desestima la magnitud del hecho: El PSUV comienza el 2022 con la peor derrota política que haya tenido en los últimos 5 años.
Como expresamos en criollo, Barinas volteó la tortilla. La sentencia del TSJ manchó el proceso electoral trabajado por el oficialismo durante todo el 2021, ratificó denuncias expuestas por la MOE de la Unión Europea, unificó a la oposición con una sola candidatura a pesar de las inhabilitaciones políticas y acentuó disputas políticas a lo interno del PSUV el cuál salió claramente derrotado. Todo esto con un incremento de la participación ciudadana respecto a las elecciones del 21-N en la mencionada entidad llanera. Tener una candidatura clara, denunciando las arbitrariedades del poder pero manteniéndose en la pelea política por el objetivo mayor de visibilizar el descontento social con la gestión pública oficial y hacer valer la decisión popular del 21-N de votar en contra del PSUV-GPP, fueron de aspectos fundamentales para aumentar la participación ciudadana. Son parte de las lecciones más importantes de los hechos en Barinas.
Despolaricemos el debate: “Revocatorio o Presidenciales”
Las elecciones dejan aprendizajes importantes. Aunque en Venezuela se mantiene y profundiza un modelo autoritario de control social que se maneja sin reglas claras, el ejercicio y defensa del derecho al voto se presenta como la mejor alternativa para dirimir, en cierta medida, diferencias y disputas entre la élite gobernante y la sociedad venezolana. Las elecciones, que aún siguen sin ser libres ni competitivas, han resultado en un retorno a la política y en una alternativa creíble al atolladero insurreccional que hegemonizó las acciones opositoras entre 2017 y 2020.
La ciudadanía, sus organizaciones sociales y los partidos (tradicionales o más recientes) empiezan a darse cuenta de los cambios políticos y los debates del quehacer no han tardado en expresarse. ¿Presidenciales o Referéndum Revocatorio (RR)? El debate de fondo va más allá de la táctica per se o de sí una es «más correcta que otra», cómo lo quieren hacer ver algunos sectores políticos, ya que tanto las presidenciales como el RR presentan argumentos jurídicos y de derecho completamente válidos. Un elemento primordial a entender es que dispersos y atomizados los sectores democráticos no tienen posibilidades contra el autoritarismo. Urge visualizar y diseñar, mediante un diálogo transparente, respetuoso y democrático, la ruta política que motive la unificación de la mayor cantidad de sectores sociales y políticos. Aquella que potencie la movilización no-violenta.
Lo segundo es que cualquiera de las dos opciones (RR o presidenciales) sólo podrán llevarse a cabo con un proceso político de negociación previa con mediación internacional e iniciativas de la sociedad civil organizada (SCO), y el reto para los sectores opositores es diseñar una orientación común en este sentido. Los escenarios y resultados electorales del 21-N y del 9-E en Barinas, son producto tanto de acuerdos políticos alcanzados en las mesas de diálogo en México como de iniciativas de presión ciudadana en pro de mejores condiciones electorales y de la defensa del voto como derecho. Ver alguna opción sin considerar «la negociación» es prácticamente un suicidio político.
Sumado a esto hay un tercer aspecto clave para los promotores de cada iniciativa, y está relacionado con el discurso público. La mayoría de los sectores se mantienen en una narrativa llena de promesas (cuesta arriba) y de encrucijada política (“Ahora o nunca”), con el único objetivo de «ganar» más adeptos, como si se tratará de un asunto comercial. Urge desprenderse de la épica y las ilusiones, y estructurar discursos que bajen los objetivos a tierra y expliquen cómo la ciudadanía puede seguir fortaleciéndose aunque no se logren objetivos concretos respecto a la táctica impulsada.
Por último, hay aspectos de capacidades organizativas y tiempos que son importantes a la hora de optar por una opción o por otra. Aunque las dos propuestas tienen fuertes obstáculos por delante, consideramos que es posible lograr mejores condiciones ciudadanas y políticas para las presidenciales previstas para el 2024. Además de la necesidad de tener que garantizar la movilización de millones de personas para concretar efectivamente la realización del revocatorio, el reciente cronograma presentado por el CNE para la recolección de voluntades ya representa un obstáculo institucional que prácticamente cancela el Revocatorio de forma anticipada. Como bien han expresado Roberto Picón y Enrique Marquez, actuales rectores del CNE, el cronograma express aprobado por el resto de autoridades electorales plantea tan solo 12 horas (sin extensión) para la recepción de manifestación de voluntades. Tomando en cuenta que se requieren más 4.300.000 firmas (20% del registro electoral) para activar el revocatorio presidencial, dicho cronograma inviabiliza la activación y vulnera directamente un derecho constitucional; a lo que podríamos agregar que el mismo no contempla tiempo suficiente para notificar a la ciudadanía de los puntos de recolección y que no contará con mecanismos de auditoría para garantizar transparencia del proceso.
Organizaciones y activistas a nivel nacional han rechazado la medida ilegal que viola la Resolución N° 070906-2770, sobre las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular; y promotores de la iniciativa ya han empezado el proceso de impugnación. Aunque defendemos el derecho constitucional a convocar un referéndum y el legítimo derecho a defender cada derechos, consideramos políticamente inviable la presentación de un nuevo cronograma con mejores condiciones, debido a los factores sociales y políticos mencionados anteriormente. Sin embargo, esta maniobra institucional, que viola la constitución y debilita la legitimidad del CNE como institución, puede ser una oportunidad valiosa para plantear iniciativas que unifiquen a los diversos sectores de las oposiciones entorno a la próxima coyuntura electoral. Sin duda, un factor que puede hacer más viable prepararse para las presidenciales de 2024 es el tiempo. Tiempo para: crear estrategias, concretar alianzas, renovar liderazgos e impulsar nuevos, analizar escenarios adversos, construir espacios de debate y diseñar métodos democráticos para la toma de decisiones.
Es tiempo del diálogo estratégico
Hasta ahora los sectores políticos no han dialogado sobre los pros y contras de las presidenciales o el RR. Todo lo contrario. Han transformado el debate en una polémica que ha desatado egos y discusiones infructíferas a lo interno de y entre las organizaciones políticas. Es como si cada opción se hubiese convertido en una parcela, una especie de trinchera a la que te sumas o atacas, como en un escenario de guerra. Otra cara de la lógica dicotómica con la que se maneja el PSUV.
Ninguna iniciativa está absenta de obstáculos y trabas, pues el partido-Estado busca blindarse ante vulnerabilidades que puedan poner en riesgo su permanencia en el poder o su status. Pero los problemas estructurales de las oposiciones van más allá de cuestiones organizativas o temporales. Su principal obstáculo lo representa la crisis de dirigencia política y de proyecto.
Se tenga más simpatía por una u otra opción, en el fondo ambas opciones plantean el debate sobre las elecciones presidenciales y hasta ahora no se han tocado dos temas que son claves: posibles candidatos y el cómo elegirlos, sumado a todos los temas que de ahí se puedan desprender. ¿Qué tipo de candidato necesitamos? En definitiva, el reto sería apostar por candidaturas con perfil propio, que no se sometan a directrices externas o de estructuras burocráticas (como el interinato), que sean capaces de hablarle y escuchar a la base social de las diversas oposiciones, y que debatan abiertamente su proyecto de país.
Las elecciones no solo evidenciaron las oportunidades que se abren, si no la necesidad urgente de renovar los liderazgos y sobre todo de renovar la política; recuperar la confianza en el sistema de partidos y nuevamente acercar a la mayoría del pueblo a los asuntos públicos y al ejercicio de sus derechos. La renovación no solo pasa por visibilizar nuevas personas y un cambio de rostros. Esta exige: el diseño de instancias transparentes y democráticas para discutir y tomar decisiones estratégicas, la separación de estructuras burocráticas y verticales, la construcción de un espacio de encuentro en que organizaciones de la sociedad civil puedan debatir equitativamente con los partidos y tarjetas, el impulso del trabajo parroquial, municipal y regional con las comunidades y, la construcción de una ruta política clara y consensuada que motive la participación ciudadana y que agrupe a la mayor cantidad de fuerzas democráticas en el país, tanto de sectores provenientes de la oposición como de la disidencia chavista.
El reto para la sociedad venezolana y todas las personas que apuestan a un cambio democrático se podría resumir en: ¿Cómo reeditar lo logrado en Barinas? Una cohesión ciudadana coherente y efectiva que se sobreponga a los obstáculos del poder.
