Ante el resquebrajamiento de la institucionalidad democrática y la desaparición del Estado de Derecho en Venezuela, el ámbito internacional viene consolidándose como uno de los factores que inciden en el desarrollo de los acontecimientos y el rumbo político del país.
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La declaratoria de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, producto del trabajo sistemático de investigación y denuncia de ONGs y OSC nacionales desde 2014, representa un antes y un después en el desarrollo de la política venezolana. En este sentido la visita de la Alta Comisionada del Consejo de DDHH de la ONU (ACNUDH), Michelle Bachelet, a mediados de 2019, puede caracterizarse como un punto de inflexión, que visibilizó las graves dimensiones de la crisis sociopolítica y económica en Venezuela, la sistemática vulneración de derechos y la crisis migratoria en la región.
Desde ese momento la institucionalidad ONU y ONGs internacionales (humanitarias y de DDHH principalmente) han sido uno de los actores claves para la respuesta de la crisis venezolana. Esto se ha traducido en el ingreso de ayuda humanitaria al país, que aunque insuficiente, ha permitido salvar vidas de millones de personas y atender a los sectores más vulnerables; además de canalizar el ingreso de considerables recursos mediante mecanismos de cooperación internacional. En este sentido, cobra importancia el trabajo de organizaciones y personal humanitario en el suministro y distribución de alimentos y medicinas para atender sectores vulnerables.
El deterioro acelerado del sistema educativo en todos sus niveles, destaca el trabajo de capacitación y concientización que llevan a cabo miles de ONGs y organizaciones sociales venezolanas en el territorio nacional, afrontando arduos obstáculos como lo es el menoscabo o quiebra generalizada de los servicios públicos del país. A su vez, la documentación y la denuncia internacional han fungido como mecanismos de presión contra las políticas sistemáticas de terrorismo de Estado, que aunque se mantienen, han ayudado a disminuir la avanzada represiva en momentos, obtener victorias sociales (como la liberación de presos políticos) y a que el ejecutivo nacional plantee conseciones en algunos ámbitos muy puntuales.
Sin embargo, el hecho que, desde 2015 exista un agravamiento sostenido de aspectos estructurales (servicios, alimentación, agua, seguridad, ambiente) de la vida en Venezuela demuestra la incapacidad de la institucionalidad internacional para solventar graves conflictos nacionales o atender satisfactoriamente dichos aspectos.
Incidir para lograr los mejores escenarios
Las diversas limitaciones del sistema de cooperación internacional para dar respuesta efectiva a problemas globales, pone en evidencia prácticas que se desvían completamente de los principios que le dieron origen, o por ejemplo a lo que programáticamente está planteado en la Agenda 2030.
Los sectores del actual gobierno, conscientes de este escenario, sacan provecho político de la situación cada vez que pueden. Ralentizan procesos jurídicos en su contra, invierten ingentes recursos en lobby internacional para conseguir apoyo de Estados parte en todo el mundo e inciden en estructuras como el Consejo de DDHH. Todo esto a partir de una inversión sustanciosa en lobby internacional, en las que las alianzas con los países No Alineados y de los sectores políticos del Foro de Sao Paulo tienen un papel preponderante, y el desarrollo de narrativas acomodadas al lenguaje de la diplomacia internacional que les ha permitido informes institucionales a su favor o el rechazo por decenas de estados parte a las “medidas coercitivas unilaterales”.
Venezuela como parte del escenario internacional
La confianza y el interés de la población en las instancias internacionales parece estar mermando. Los anuncios sobre avances de las denuncias contra el Estado son pocos creíbles. Las personas están tan cansadas que no tienen expectativas de un cambio político a corto plazo. Aunque pueda ser una sensación comprensible, el tema es que lo internacional no se limita a la institucionalidad internacional per se, si no que existen diversas complejidades geopolíticas que muchas veces la sobrepasan. Al ser financiada por los Estados, las decisiones en las instancias más relevantes de dicha institucionalidad muchas veces atienden a intereses políticos gubernamentales (teniendo mayor peso las potencias mundiales), dejando en segundo plano la garantía de los derechos de las poblaciones civiles.
La hegemonía del modelo extractivista a nivel global basada en un patrón de acumulación y consumo centrado históricamente en la extracción y explotación de bienes naturales como minerales, energéticos, productos agrícolas, entre otros, es uno de los factores determinantes en las relaciones internacionales.
Dicho modelo está, directa e indirectamente, asociado a regímenes antidemocráticos y represivos sustentados en diversas formas de expoliación a millones de personas. Mantener el extractivismo como motor fundamental de las economías regionales implica una clara restricción a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y una vulneración de los DDHH. A la vez que avanza el extractivismo en sus diversas facetas, se vienen desarrollando otras dinámicas alarmantes como la transnacionalización del crimen organizado, que en el marco de las lógicas de la extracción, se sostiene a través de negocios cada vez más lucrativos: armas, drogas, minería, trata de personas, tráfico de especies, tráfico de combustibles, entre otras.
En este sentido, Venezuela se evidencia como uno de los casos más acelerados y trágicos de esta dinámica global, donde una combinación de elementos políticos – bonanza aprovechada por tramas de corrupción y clientelismo, quiebra de la industria petrolera nacional, crecimiento del crimen organizado principalmente en negocios de drogas y minería, militarización del Estado – deparó en un proceso acelerado de: desinstitucionalización, disolución del Estado de Derecho, instalación de soberanías criminales (regímenes paraestatales locales), y una dinámica político-económica en que las altas jerarquías de los cuerpos castrenses, trascendiendo sus funciones constitucionales de defensa del territorio, han constituido empresas comerciales de diversa índole, se han inmiscuido en el sistema financiero, han asumido funciones ejecutivas y han desarrollado un proceso de militarización de todas las áreas públicas.
Aterrizando cosas: 6 reflexiones finales
Teniendo el panorama anterior vemos lo siguiente
- Para cambiar nuestra situación, urge fortalecer y cohesionar el tejido social en Venezuela. Las relaciones de poder político-económicas en Venezuela están transversalizadas por lógicas mafiosas y el tejido social está fragmentado en la confianza, debilitado por la migración y separación de familias, y atravesado por una decepción hacia los dirigentes políticos tradicionales.
- Hay que manejar las expectativas sobre la incidencia en el sistema ONU, en el ámbito político. A excepción que las potencias mundiales (EEUU, Rusia, China, UE) incidieran directamente en el conflicto y ocurriera un escenario de negociación entre estas, no existe instancia internacional que pueda definir el destino de Venezuela. El cambio depende mucho de lo interno, o como dicen en criollo “comienza por nosotros mismos”.
- Algunas instancias de cooperación internacional pueden ser un apoyo importante y positivo para la transformación del país. La visibilización de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja y la denuncia de las prácticas de terrorismo de Estado limitan, y en cierta medida dificultan, el crecimiento de las dinámicas ilegales; a la vez que el financiamiento por la cooperación internacional puede representar importantes oportunidades para generar respuestas locales a la crisis.
- Para que rinda frutos urge una reflexión profunda por parte de los venezolanos sobre la cooperación internacional y la asistencia humanitaria. La realidad hoy demanda: 1) desprender la cooperación de la polarización, el asistencialismo y el clientelismo político, 2) una participación realmente activa y democrática para el diseño e implementación de estos mecanismos por parte de los sectores vulnerables beneficiados y organizaciones vinculadas, 3) el desarrollo de alternativas sostenibles y sustentables que disminuyan al mínimo su dependencia de la propia cooperación.
- El para qué y cómo incidir en la cooperación internacional son debates prioritarios para los venezolanos que apostamos a un cambio político estructural, democrático y sostenible en el país. Para ello es importante mantenerse informado sobre los diferentes mecanismos de incidencia y promover estrategias de protestas no violentas.
- La reciente movilización de víctimas de DDHH y ONGs, ante la visita del fiscal de la CPI Karim Khan, es un ejemplo de las diversas acciones que puede tener la sociedad venezolana para incidir en las instancias de cooperación internacional.
