Posición de Organizaciones Socio-Ambientales respecto al “Anteproyecto de Ley de Minas” presentado por la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional

Comisión permanente de energia y petroleo

Varias organizaciones que llevamos realizando un trabajo arduo y continuo, desde hace ya varios años, de denuncia y crítica del proyecto Arco Minero del Orinoco  y  en defensa de los ecosistemas naturales de la Guayana y Amazonía venezolana, así como de los pueblos ancestrales de estos territorios y sus habitantes criollos, vemos con gran preocupación y desconcierto el anteproyecto de Ley de Minas que ya ha sido aprobado en primera discusión en el seno de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, para su posterior discusión y eventual aprobación en el seno de la Asamblea Nacional (AN).

Al igual que otras organizaciones que ya se han manifestado al respecto, consideramos que una nueva “Ley de Minas” en los actuales momentos es absolutamente desacertada, está fuera de lugar y de tiempo. La política estratégica del “gobierno” actual, llevada a cabo desde hace varios años, de promoción de un “motor minero” en el marco de un colapso económico, social, político e institucional de la nación, creado por el propio gobierno, ha desencadenado en una situación sin precedentes al sur país, de gran caos, violencia, criminalidad, precariedad, autoritarismo, militarización y para-militarización, devastación socio-ambiental con destrucción de fuentes hídricas y sensibles ecosistemas inclusive dentro de áreas protegidas, grave afectación de pueblos y culturas indígenas, violación generalizada de derechos humanos, pérdida de gobernabilidad y de soberanía en los estados Bolívar y Amazonas. La sola discusión en los actuales momentos de dicha ley conlleva a confundir a la población a la vez de promocionar la extracción de #OroDeSangre.  Hasta el propio régimen puede utilizar tal iniciativa en pro del proyecto del Arco Minero, con manidos argumentos para voltearlos a su favor de que “si lo hace el gobierno está mal, pero si lo hace la oposición está bien”.

Es muy contraproducente promocionar la actividad minera en un país donde la institucionalidad en general del país está socavada, la ambiental ha desaparecido e inclusive la organización interna de los pueblos indígenas está debilitada. Consideramos que el anteproyecto de ley propuesto no es mejor a la Ley de Minas del año 1999, y en algunos aspectos es desfavorable, por lo que al menos por ahora es mejor quedarse con la ley vigente. Es necesario atender otros aspectos de mayor prioridad. La situación al sur del Orinoco descrita compromete la viabilidad de la propia nación y hacia allá se deben orientar todos los esfuerzos. Ningún proyecto de ley va a resolver esto. En los actuales momentos, la actividad de la minería está tan profundamente imbricada con lo delincuencial en todos los niveles del poder, con lo irregular, lo militar y paraestatal, que en un escenario de transición política promocionar o desarrollar la minería podría agravar todo aún más. Se debería estar trabajando en cómo se va a desarticular el sistema delincuencial, corrupto e irregular y traer verdadera estabilidad a la región. Dentro de esto, está el desafío de que se va a hacer con los 200-300 mil personas que en estos momentos están en las actividades y redes de minería irregular-informal-ilegal.

En términos estructurales, el país necesita dar respuestas a su situación actual y delinear cuál será el modelo de desarrollo que emprenderá y cuáles serán las alternativas socioeconómicas. Esto amerita una revisión profunda del modelo actual de explotación y trascender el modelo rentístico que ha caracterizado históricamente nuestra economía, pues dicho modelo no es realmente productivo ni permite un proceso de desarrollo sostenible de la misma; genera de por sí, inestabilidad económica, fluctuación de las tasas inflacionarias, una fuerte dependencia de las importaciones por la desestimación de otras actividades productivas, reducción de las exportaciones de otros sectores, etc. 

Se tiene la idea de que al sur del Orinoco hay riquezas minerales inconmensurables que deben ser explotadas para el desarrollo del país y de la región. Sin embargo, el mito de la minería como motor económico ha sido desmentido por la experiencia a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, las actividades extractivas para la producción de materia prima (las commodities), ha derivado en un acúmulo histórico de fuertes daños  socio-ambientales desatendidos hasta el día de hoy.  En este sentido, consideramos que es necesario explorar y proponer alternativas socioeconómicas amplias, de producción secundaria y terciaria, sustentables e innovadoras, basadas en una adecuada valoración de los recursos naturales. Hay alternativas sustentables para desarrollar esta región tan biodiversa y de majestuosos paisajes. Estas alternativas incluyen un ecoturismo bien llevado, desarrollar una industria piscícola o en base a frutos amazónicos (sarrapia, cacao, aÇai, etc.),  utilizar la Amazonia como un sumidero de carbono e inclusive vender agua a las islas del Caribe que carecen de agua dulce, por nombrar sólo algunas prometedoras opciones. Tratemos de hacer bien las cosas. Salir de un modelo que dependa solo de sus materias primas y que logre un nivel aceptable de industrialización.

Es importante resaltar que la megaminería no puede ser abordada sólo desde una perspectiva disciplinaria, técnica. Es un asunto de que la tecnología no está disociada de otros factores sociales, políticos, geopolíticos, culturales, inclusive éticos. Debe ser abordada desde una perspectiva transdisciplinaria. Las megamineras no operan solas. Operan en base a grupos de presión enquistados interna y externamente, y siempre exigen una serie de poderes discrecionales, desregulaciones. Las megamineras están vinculadas a intereses de orden financiero y muchas veces, son organizaciones que no se conducen democráticamente, cuando lo hacen son solo ejercicios meramente retóricos.

En particular respecto a la extracción de oro, el aumento en los últimos 20 años de la demanda mundial y por consecuencia de los precios, ha determinado que la minería aurífera se haya convertido en una importante presión sobre la Amazonía y sobre diversos ecosistemas naturales del mundo. El interés fundamental de extraer el oro es para su acumulación en los bancos centrales del mundo. Es un “valor refugio”, ante las tensiones e incertidumbres geopolíticas. En los actuales momentos, en contexto de COVID-19, el precio del oro se ha disparado y  “para variar”, los recursos (las commodities) del “mundo en vías desarrollo” son extraídos de acuerdo a las demandas del mercado financiero internacional para equilibrar al mercado y para que las corporaciones protejan sus riquezas, a expensas de los costos socioculturales y ambientales de los países de origen; a expensas de perforar y detonar al planeta y destruir biodiversidad  y fuentes hídricas del mundo. Se saca el oro de la profundidad de la tierra y se mete en la profundidad de las bóvedas, en los “valores refugio”. 

Pareciera que la Comisión de Energía y Petróleo no se habla con el país, ni siquiera con la misma Asamblea Nacional o con la Comisión de Ambiente. En el año 2018, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad”, cuyos motivos y espíritu parece ser ignorado y hasta contradicho por este anteproyecto.

Respecto al anteproyecto de ley planteado deseamos hacer las siguientes observaciones sobre aspectos resaltantes, aunque posteriormente profundizaremos nuestro análisis en un siguiente material público:

  • El proyecto de Ley carece de definiciones, por ejemplo no queda claro que quieren decir con “Aprovechamiento ambientalmente sustentable de la minería” y tampoco existe una definición de minería responsable aunque el Art. 30 lleva ese título. Por otra parte, la “minería sustentable” que la Ley menciona repetidas veces no existe, pues no puede ser sustentable una actividad basada en la extracción de recursos no renovables que además produce enormes cantidades de desechos. Menos aún puede ser sustentable si se pretende un desarrollo minero a gran escala, “llevado a su máximo potencial”. 
  • En el Art. 6, se menciona el reconocimiento a las comunidades indígenas y el aprovechamiento de recursos naturales en sus hábitats mediante previa información y consulta a la comunidades, garantia ya establecida en  la CRBV  en los artículos 119 y 120; sin embargo la mención de integrar a los pueblos indígenas en los proyectos mineros planteando a las comunidades unos supuestos beneficios de la minería en sus territorios, en favor del desarrollo y buen vivir, es más demagogia para obtener la aprobación de la actividad minera en sus hábitats, pues la realidad es que la minería fomenta cambios en los patrones culturales, sociales y económicos de las comunidades y pueblos indígenas, así como también en sus medios de vida y espacios naturales que habitan, perjudicando su existencia. Además, la actividad de la minería tal como está propuesta en esta ley implica una mercantilización de los recursos lo cual es ajeno a las culturas ancestrales mientras que la destrucción del entorno propio de la actividad minera es contradictorio con sus cosmogonías, donde hay una relación espiritual con la naturaleza, relación que, dicho sea de paso perdimos muchas civilizaciones modernas y es parte de las causas de nuestra crisis socio-ambiental actual.
  • El Art. 17 genera particular alarma, pues se menciona que áreas como “parques nacionales, monumentos naturales y demás áreas de importancia ecológica” están excluidas de la actividad minera, pero al final se indica que a través de estudios y consultas “el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, podrá sustraer del régimen de prohibición de actividades mineras, las áreas señaladas en este artículo”. No se pueden crear precedentes de desafectación de ABRAES y mucho menos, establecer mecanismos legales que lo permitan. Por otra parte, la normativa propuesta no es clara ni precisa, al hablar de “áreas de importancia ecológica” en vez de especificarlas tal como están en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.
  • El Art. 18 habla de las áreas que están restringidas a la minería, pero al final plantea posibles avales de la “autoridad competente”. Estas “consultas y autorizaciones vía decreto o por autoridades competentes ”, recuerda demasiado a las prácticas de legalizar “lo ilegal” por parte del gobierno actual.
  • En el caso de que se insista en elaborar una nueva Ley de Minas, consideramos que los artículos vinculados a la ordenación del territorio o a la parte ambiental que aparecen en el anteproyecto de ley deben ser eliminados y que se remita directamente a la normativa de ordenamiento territorial y ambiental vigente. Dicha ley debe tratar el tema estrictamente minero. No hay razón para que la minería y los mineros funcionen bajo un ordenamiento diferente. 

Si no se entiende que en este momento la lucha al sur del Orinoco es por la preservación de la Guayana, de la Amazonía, de sus fuentes hídricas y sus pueblos originarios, y que cualquier mención a la minería es antiética, no se entiende realmente lo que está pasando al sur del Orinoco y mucho menos las luchas que están desempeñando numerosos pobladores y organizaciones en la defensa de este territorio y los derechos humanos de sus habitantes. Este anteproyecto de Ley de Minas, se desvía de la lucha principal de preservar la viabilidad del propio país, en términos socio-ambientales y geopolíticos. Se desvía de la importancia de remar todos hacia un mismo objetivo que es preservar la importancia estratégica de esta región en términos de sus fuentes hídricas y energéticas, de los bosques amazónicos y su gran papel en las dinámicas climáticas de todo el país, de nuestros patrimonios naturales y de biodiversidad, y el hogar y cimiento de nuestros pueblos y culturas originarias.

Desde nuestras organizaciones exhortamos a la AN a suspender la discusión del anteproyecto de Ley de Minas, hasta que se establezcan en el país condiciones de desempeño en democracia, establecimiento de una adecuada institucionalidad y gobernanza, especialmente en lo ambiental y lo socio-cultural. En el caso de una transición política, establecer una moratoria respecto a la extracción de oro, coltán y diamantes hasta tener una clara estrategia, institucionalidad y cierta estabilidad.

Asimismo exhortamos a la Asamblea Nacional a conectarse de forma más profunda y auténtica con la realidad y conflictividad de la región, con alternativas realmente sustentables y armoniosas con el ambiente y con los pueblos originarios, y potencialmente más productivas y estables en el tiempo.

Organizaciones firmantes

Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco

Organización Indigena Intercultural Wainjirawa

Grupo Ingenieros de Minas de Venezuela

Fundación Ecológica Manatara 

Movimiento Ecológico de Venezuela

Grupo de Investigaciones sobre la Amazonia (GRIAM)

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Geográficos (GTAG)

Tejiendo Espacios LatinoAmericanos en Resistencias (TELAR)

Guardianes del Bosque

Labo Ciudadano

Salva la Selva

Igapo Project

A.C. Phynatura

Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela ARA

Individualidades

Juan Carlos La Rosa Velazco, activista por los derechos territoriales de los pueblos.

Robzayda Marcos Vera, Profesora de Sociología Rural, UNESR, activista por los derechos territoriales de los pueblos.

José Angel Quintero Weir – Organización Wainjirawa

Greti Richard

Antonio García- Fotógrafo documentalista

Elides Aquiles Sulbarán Zambrano

Héctor Rosales

Marcotulio Cardona Conde

Oly Millán Campos

Henri Thonon

María Gabriela Hernández Del Castillo

Francisco Elias Prada Activista DDHH Cineasta- Fotografo Ojos ilegales÷RED

Ángel Zambrano Cobo

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *